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El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los límites de la sana y justa competencia. Encontramos así una necesidad de tutela frente a los ataques más graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que operan en dicho mercado. Pero, por otro lado, también en este ámbito interviene otro grupo de sujetos con sus propios intereses y necesidades, que identificamos en el colectivo de consumidores y usuarios. Así la Constitución Española recoge en su artículo 51 la necesidad de que los poderes públicos garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. No podía ser de otra forma, máxime si tenemos en cuenta qu
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