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La modificación de los contratos del sector público ha estado tradicionalmente presente en la ejecución de todo contrato público, llegándose a hablar de la existencia de una auténtica «cultura del modificado». Este trabajo aborda esta figura partiendo de la siguiente premisa: no es posible ni deseable su prohibición, al ser una herramienta fundamental para las entidades del sector público. La solución pasa por una regulación que, sin impedir su utilización, sea capaz de evitar el mal uso y abuso que se hace de ella.
A lo largo del texto se examina el enfoque licito-céntrico como solución común adoptada por los distintos ordenamientos. En particular, se estudia la regulación que de la modificación lleva a cabo la Ley de Contratos del Sector Público aprobada en 2017, dando respuesta a cuestiones tales como cuál es su origen, qué novedades aporta, qué dificultades plantea, a qué contratos es aplicable, o qué especialidades contiene.
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